Esta es la crónica de un escándalo anunciado sobre los paraísos fiscales. ¿Cuál debe ser la estrategia de Colombia para enfrentar este enorme desafío?
Hola. Soy John Doe. ¿Quieres información?”, fue la enigmática frase con la que un desconocido contactó a un periodista del Süddeutsche Zeitung hace aproximadamente un año. Como en la mejor película de espías, el joven periodista alemán Frederik Obermaier se limitó a escribir un simple “sí”, sin sospechar que de esta manera se iniciaba una de las mayores y más perturbadoras filtraciones de información financiera en la historia. La fuente anónima puso en manos del periodista 11,5 millones de documentos acerca de unos 14.000 clientes del bufete panameño de abogados Mossack-Fonseca. Obermaier compartió la información inicialmente con su compañero de trabajo Bastian Obermayer y luego con 400 periodistas en 80 países, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), con sede en Washington DC..
Las reacciones y los efectos no se han hecho esperar. Renunció el primer ministro de Islandia; Vladimir Putin –cuyo compadre y amigo, el chelista ruso Serguéi Rolduguin había canalizado más de US$ 2.000 millones a través de compañías incorporadas por Mossack-Fonseca– advirtió que se trataba de un montaje de la CIA; en China se calló la información, ya que se encontraban involucrados parientes del actual premier Xi Jinping; en Inglaterra, el primer ministro David Cameron tuvo que presentar su declaración de renta; en Ucrania el actual presidente ha estado bajo el escrutinio público; el presidente argentino Mauricio Macri reconoció la existencia de estas cuentas, pero indicó que todo había sido hecho conforme a la ley; incluso el futbolista del Barcelona, Lionel Messi, apareció en la lista, lo que parecería confirmar las sospechas de que efectivamente habría evadido impuestos. En fin, a pesar de tener solo 5% del mercado de las firmas dedicadas a este tipo de actividades, la lista parece más bien un capítulo del “who´s who” mundial.
En Colombia la filtración tampoco pasó inadvertida. La lista de Mossack-Fonseca incluye a 850 colombianos, varios de ellos funcionarios públicos, congresistas y exministros de Estado, así como conocidos empresarios. Además, se reveló que 77 firmas colombianas de abogados habían trabajado directamente con Mossack-Fonseca.
Vladimir Putin (Presidente de Rusia) y Lionel Messi( Jugador del Barcelona).
La presencia de ciudadanos colombianos en la lista en realidad no sorprendió a ninguno de los conocedores del tema. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian y actual funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que los colombianos tienen escondidos por fuera unos US$100.000 millones, muchos de ellos en los llamados paraísos fiscales, lugares donde los ingresos provenientes de Colombia no pagan impuestos. Ya en 2012, a pesar de que el Estatuto Tributario tenía disposiciones para combatir la evasión a través de paraísos fiscales, Ortega y unos congresistas incluyeron en la reforma tributaria un articulado que fortalecía a la Dian para perseguir los capitales ocultos y declarar como paraísos fiscales a varios países. Fue así como se terminó redactando, entre otros, el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, que reza que los paraísos fiscales serán determinados por el gobierno nacional mediante reglamento, con base en la inexistencia de tipos impositivos, carencia de un efectivo intercambio de información y falta de transparencia legal.
El efecto de que un país sea declarado paraíso fiscal lo determina el artículo 124-2, que establece que “no serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en paraísos fiscales” y estarán sometidos a una retención en la fuente de 33%. De ahí que declarar a un país paraíso fiscal tenga unas implicaciones tributarias significativas sobre los giros a ese destino.
En desarrollo de esta legislación, el Gobierno expidió el decreto 2193 de octubre de 2013, que determinaba a 44 países o lugares como paraísos fiscales y excluía transitoriamente a 7, entre ellos Panamá, con los cuales Colombia venía negociando tratados de intercambio de información tributaria con el compromiso de actualizar esa lista un año después.
Ese plazo se cumplió y las negociaciones no avanzaron prácticamente en nada. Por esos motivos, el 7 de octubre de 2014 el Gobierno incluyó a Panamá como paraíso fiscal en el decreto 1966.
Las protestas no se hicieron esperar. El gobierno de Panamá amenazó con aplicar retaliaciones a Colombia por ser un país que los “discriminaba”. Pero los panameños no fueron los únicos. Varios empresarios colombianos pusieron el grito en el cielo, ya que Panamá se ha convertido en una plataforma financiera y de negocios muy importante para ellos, especialmente para su expansión en América Central, una región que se espera crezca más que el resto de América Latina durante los próximos años, debido a su cercanía a los Estados Unidos y a las importantes remesas que de ese país fluyen hacia la región.
El 21 de octubre de 2014, el presidente Juan Manuel Santos expidió un nuevo decreto que sacaba otra vez a Panamá de la lista de paraísos fiscales, “luego de que ellos firmaran un memorando de entendimiento donde se comprometían con fecha a negociar un tratado de doble tributación y un tratado con el componente de un intercambio de información financiera, que era lo que queríamos desde un principio”. De acuerdo con el Gobierno, el memorando de entendimiento iba a estar vigente hasta el 30 de septiembre de 2015, cuando se esperaba firmar el prometido tratado. Pero el tiempo fue pasando y las negociaciones se fueron desvaneciendo hasta tal punto que muchos analistas creyeron que el tratado iba a disfrutar el sueño de los justos.
La reacción de la Ocde
A los pocos días de iniciado el escándalo, el secretario general de la Ocde, José Ángel Gurría, emitió un comunicado donde criticaba duramente a Panamá, afirmando que los Panama Papers “han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en el Istmo”. El comunicado establece que “Panamá es el último centro financiero internacional importante que permite aún que los capitales se oculten en paraísos fiscales de las autoridades tributarias y policiales de su propio país”. Además, menciona que “solo hace unas semanas informamos a los Ministros de Finanzas del G20 que Panamá se retractaba de su compromiso para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras”. Por último, concluye que “Panamá debe poner las cosas en orden en el país al poner en marcha estas normas con carácter inmediato”.
Esta dura crítica por parte de la Ocde y la reacción mundial al escándalo fueron recibidas con una mezcla de nacionalismo y de rechazo por los panameños, que sintieron que este era un ataque casi que personal contra su país por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, el lunes 11 de octubre, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, escribió un editorial en The New York Times titulado No culpen a Panamá; la evasión es un problema global, donde afirmaba que su país iba a colaborar con la comunidad internacional e, incluso, liderar un esfuerzo para solucionar colectivamente los problemas de transparencia en la información financiera internacional. Aún más importante, en lo que es evidentemente un giro de 180 grados en la posición panameña, afirmó que colaboraría en el suministro automático de información financiera y corporativa a la comunidad internacional, de manera “consistente con los objetivos de aquella, incluyendo la propuesta de estándares de intercambio de información financiera de la Ocde”, elaborados por su Convenio Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que suscribieron los 34 países miembros junto con una docena de no miembros, incluyendo a Colombia.
La negociación de Colombia-Panamá
Fue en esta importante coyuntura de negociaciones entre Panamá y Colombia que el escándalo de Mossack-Fonseca explotó. De hecho, el 14 de abril (día en que circula esta edición) se realizará una nueva reunión entre los representantes de los gobiernos de Panamá y Colombia.
Ahora falta ver qué posición adopta el gobierno panameño en la reunión con el gobierno colombiano. El intercambio automático de información sería el mejor resultado para nuestro país. Sin embargo, con tantos intereses de por medio, a Panamá le costará bastante esfuerzo suministrarle esta información a Colombia. Más allá del escándalo mediático, con los $15 billones anuales que se estima es el monto de evasión tributaria a través de los paraísos fiscales, el gobierno colombiano también deberá enfrentar las presiones internas y usar esta oportunidad para concretar un acuerdo de intercambio automático de información.
De Zúrich a Colón
¿Por qué Panamá adquirió tanta relevancia como centro financiero internacional, a tal punto que incluye a personajes clave del mundo político y financiero? “Échele la culpa a Suiza”, titulaba un artículo aparecido en Bloomberg. En efecto, para entender bien la situación de Panamá hay que comprender lo que le pasó a Suiza en años recientes.
Suiza era un país con un estricto secreto bancario, donde muchas personas depositaban sus recursos para evadir el pago de impuestos. Esta práctica no gustaba mucho internacionalmente, tanto así que varios países europeos presionaron al gobierno y a los bancos suizos para que suministraran información sobre los ciudadanos de países que usaban a Suiza para esconder parte de su patrimonio, desde que este país incorporó el secreto bancario en su legislación en 1934.
Los Estados Unidos siempre han tenido en la mira a los bancos suizos por esconder recursos de estadounidenses que querían evitar el pago de impuestos. En 2009, bajo presión legal, el gigante bancario UBS entregó a las autoridades norteamericanas 4.450 nombres de personas de ese país con cuentas en Suiza y se declaró culpable de “conspiración” para ayudar ciudadanos norteamericanos a evadir sus impuestos, por lo cual pagó una multa de US$780 millones.
Este acuerdo fue ratificado por el parlamento suizo a comienzos de 2010.Quizás el golpe de gracia fue dado por el Congreso de Estados Unidos, que en 2010 aprobó la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, Fatca). Esta ley dispone que cualquier banco que tenga clientes norteamericanos tiene que reportar sus cuentas y sus activos financieros a la Secretaría del Tesoro norteamericana, so pena de ser multado e inhabilitado para llevar a cabo cualquier transacción que involucre a los Estados Unidos. En 2013 le tocó el turno al banco Wegelin & Co.. Este banco, fundado en 1741, se declaró culpable de ayudar a más de 100 clientes norteamericanos a esconder unos US$1.200 millones durante 10 años.
Por estos motivos, Wegelin tuvo que cerrar sus puertas y fue absorbido por el grupo bancario Raiffeisen.En octubre de ese año, bajo presión del G20, el gobierno suizo indicó que firmaría el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Ocde, lo que permitiría un intercambio automático de información que de facto eliminaría el secreto bancario en ese país. Según un banquero suizo contactado por Dinero, desde ese momento hasta ahora, Suiza ha perdido 30% de sus depósitos bancarios por estos motivos, reduciendo así de una manera importante el rol que juega en esconder capitales provenientes de todos los rincones del mundo. Muchos clientes extranjeros sacaron sus recursos de ese país y los llevaron a otros centros financieros que, como Singapur o Panamá, todavía tienen un estricto secreto bancario.